A una nueva ley, unas nuevas enseñanzas

Como ya hemos visto, Altair nació en la más extrema periferia oriental de Sevilla, dónde como afirmaba José María Prieto, «en el año sesenta y siete había una escasez enorme de puestos escolares de enseñanza primaria. […] Y de enseñanza media y profesional por el momento no hay absolutamente nada» [1]. Pero con el tiempo, y la creación de nuevos centros públicos en la zona, dejó de ser la única opción en el territorio asignado. En efecto, a partir de finales de la década de los años setenta, al tiempo que crecían los barrios y se colmataba el suelo urbano edificable entre Altair y Sevilla, vino también a rellenarse el inmenso vacío de ofertas educativas con centros públicos de nueva creación. Al abrirse nuevos institutos de enseñanza secundaria (IES) dentro o en los márgenes del territorio de Altair, como Luis Cernuda y La Paz (agrupados actualmente en el IES Salvador Távora), Leonardo da Vinci, o Santa Aurelia, que nació como centro de formación profesional, la población escolar de estos barrios (Rochelambert, Santa Aurelia, La Candelaria y Los Pajaritos, El Cerro, Palmete, etc.) que habían aportado gran número de alumnos a Altair, se decantó hacia estas nuevas ofertas educativas más próximas a sus domicilios. De tal manera que Altair, por azares de la propia evolución urbanística y educativa de la ciudad, se reconcentró en su inicial territorio, aglutinando a la población de su entorno inmediato.

Aunque no es el objeto de este trabajo el estudio de los aspectos académicos, sí es necesario detenerse brevemente en una explicación de los nuevos planes de estudios: ello permite comprender los nuevos proyectos constructivos y el desarrollo de las edificaciones durante estos años cruciales.

En el plan oficial de estudios vigente en 1967, la enseñanza primaria era obligatoria desde los 6 a los 12 años (plan de 1953) o a los 14 años (plan de 1967) que se cursaban en escuelas públicas y privadas o en academias. Tras los cuatro primeros cursos, con 10 años cumplidos, y superando un examen de ingreso, los alumnos podían acceder al bachillerato elemental no obligatorio, que constaba de cuatro cursos. El desajuste entre la duración de la enseñanza primaria obligatoria que concluía en circunstancias normales a los 12 años, y la obligatoriedad hasta los 14 años, forzaba a que los alumnos, ya sea por falta de dotes o de medios, no accedieran al bachillerato y quedaban en un limbo de escolarización hasta la edad obligatoria. Así lo explica José María Prieto: el nivel económico de las familias hace «que a los catorce años, el chico no aguanta: la familia está económicamente apurada, y con el agua al cuello… y entonces los colocan de repartidores, de botones o de lo que sea, y los chicos se marchan» [2]. En algunos casos, los alumnos se encajaban en alguno de las fórmulas que ofrecían las enseñanzas profesionales; en otros, se salían del sistema antes de tiempo para ponerse a trabajar de aprendices en alguna empresa o taller. En este sentido, el control por parte de los servicios de inspección educativa no debía ser muy estricto.

Porque, en 1967, las enseñanzas profesionales regladas no existían tal como hoy las entendemos. Quienes decidían aprender un oficio, formándose laboralmente para trabajar en oficinas, talleres o industrias, debían cursar estudios en los talleres de las propias empresas, en las escuelas de artes y oficios, en academias profesionales, municipales o de titularidad privada, parroquiales, etc., o en las universidades laborales donde se cursaba el bachillerato de plan especial o laboral.

La nueva ley de educación, la Ley general de educación, de 1970 confirmó la obligatoriedad hasta los catorce años y diseñó un sistema unitario y al mismo tiempo flexible pues permitía el paso de una opción a otra en los niveles superiores [3]. Esta reestructuración, exigió –o mejor dicho– facilitó que en Altair se ampliara la base estudiantil desde los 6 años. Para lo cual hubieron de construirse nuevas instalaciones y edificios, tanto para albergar la inminente Educación General Básica, como para la deseada Formación Profesional [4].

El estatuto de Sección Filial fue un marco necesario y muy ventajoso para Altair. Pero Altair iba en el futuro a atender necesidades educativas que le pedía el entorno, como las «enseñanzas técnicas profesionales a nivel de oficialía y maestría, en las especialidades de metal, delineantes, electrónica, organización, comercio y otras» [5]. Empero, siendo la Sección Filial la solución jurídica y académica para sus comienzos, no permitía aquello para lo que, en buena medida, estaba predestinado: la formación profesional de los hijos de familias humildes, de barrios fundamentalmente obreros, sin recursos para estudios superiores. Así lo aclaraba Prieto en 1971, cuando afirmaba que la enseñanza profesional era «algo totalmente ajeno a la Sección Filial» [6]. Por eso, la nueva ley parecía hecha a la medida de Altair. Cubría todas las expectativas de enseñanzas y financiación y abrió un cauce decisivo para el futuro Altair, la regularización de los estudios de formación profesional. La Sección Filial daba exclusivamente cobertura a los estudios de bachillerato, por eso, necesariamente, el bachillerato fue la enseñanza estrella de Altair. Hasta la ley de 1970, no hubo otra opción: las secciones filiales no impartían los estudios profesionales. Con la nueva reorganización de los estudios de la nueva ley, el tándem EGB‑BUP redistribuyó y sustituyó el antiguo bachillerato, de tal manera que estos estudios fueron la continuidad natural de las enseñanzas que acogía la estructura de la Sección Filial.

El programa de desarrollo de las diferentes enseñanzas y cursos fue planificado dividido en dos fases: entre los años 1967‑1971 se completó el bachillerato elemental, en que se alcanzaron los quinientos alumnos, para ellos se llevó a cabo la construcción de las instalaciones del edificio nuevo. A lo largo de los años 1971‑1975, a  medida que entraba en vigor la nueva ley de educación, se implantó la nueva educación primaria, la EGB, de ocho cursos; que en lo que se refería a los cuatro primeros cursos (tramos de edad de seis a diez años) surgían ex novo y para los que se hizo necesaria adecuar el edificio nuevo. Los cursos de 5º a 8º de EGB se completaron con los correspondientes alumnos provenientes de los cursos de 1º a 4º del antiguo bachillerato elemental que automáticamente pasaron  a formar parte del nuevo sistema. Y así, en el curso 1975-1976 se acabó de implantar toda la EGB completa de 1º a 8º, con 520 alumnos: 234 y 286 en la primera y segunda etapa respectivamente [7].

En lo que se refiere a los estudios implantados o por establecer en Altair –explicaba Jesús Rodríguez–, «la transformación que supuso la ley Villar Palasí de 1970 dejaba a Altair como un centro de once unidades de EGB. Esta situación era precaria, ya que si se conseguían las dieciséis unidades se obtendría una más de dirección lo cual permitía hacer frente a pagos de directivos». Pero todo estaba pendiente de las reformas necesarias para ampliar el número de aulas y reubicar en ellas los nuevos cursos a constituir. «Había que esperar –añadía Jesús– a realizar las reformas del edificio nuevo para hacer cinco nuevas aulas, sacadas de las oficinas de administración y dirección y del aula ocupada por la antigua capilla». Estas reformas dependían a su vez de la terminación del edificio central que iba a acoger los servicios que desaparecían del edificio de EGB, lo cual no pudo culminarse hasta 1980. «Afortunadamente –concluía Jesús– se alcanzaron las autorizaciones definitivas y quedaron amarradas las subvenciones» [8].

Los cambios provocados por la implantación de la EGB fueron notables. Fueron cambios exigidos por la nueva reestructuración de los estudios y la obligatoriedad de escolarización desde los 6 años. Significó recrecer Altair hacia abajo, hacia las edades infantiles. Así viene reflejado en un comentario recogido en uno de los boletines de ese año 1975: «Altair sigue creciendo; actualmente hay 247 alumnos más que el año pasado. La mayor parte de ellos corresponde a la primera etapa de EGB. El elevado número se ve compensado por el diminuto tamaño de alguno de estos nuevos alumnos; aunque, también hay que admitirlo, son capaces de organizar más ruido que otros» [9]. Así poco a poco fue formándose el cuerpo de aulas y alumnos que configurarían definitivamente la EGB.

La EGB no sólo supuso una ampliación de la escolarización, sino que especialmente produjo cambios estructurales en la organización. Entre muchas aportaciones puestas en práctica, Paulino Torres destaca la rotación cíclica de maestros en los diferentes cursos y edades: «permanecer constantemente en el mismo curso y estar un solo año con los mismo alumnos no era pedagógicamente bueno; parecía poco tiempo para llegar a un conocimiento adecuado tanto de los alumnos como de sus familias. Este sistema tendría la ventaja de que el maestro conocería perfectamente las características del alumno, llegando a  un mejor conocimiento de las familias. Dividimos la etapa en tres partes: una comprendería los niveles de 1º y 2º con un mismo profesor. Otra abarcaba 3º y 4º, también con otro profesor. Y en la tercera parte, 5º y 6º, habría varios profesores fijos, lo que permitía una paulatina adaptación al BUP. De esta forma fue como nos adelantamos unos cuantos de años a la implantación de ciclos por ley» [10].

Simultáneamente a la prolongación de los estudios primarios con la EGB se implementaron las enseñanzas superiores de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). Al mismo tiempo se comenzó la Formación Profesional (FP). El nuevo bachillerato quedó reducido a tres cursos no obligatorios. Una vez acabado este, el alumno podía optar por el Curso de Orientación Universitaria (COU) o por la Formación Profesional de segundo grado (FP2); paralelamente a su aplicación, fue desapareciendo el bachillerato nocturno ampliándose a tres líneas el BUP-COU. Con todo ello se dobló el número de alumnos.

[1] “José María Prieto”, en Dos días en Altair, p. 21.

[2] “José María Prieto”, en Dos días en Altair, p. 37.

[3] Cfr. “Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa”, en B.O.E. Núm. 187/12525, de 6 de agosto de 1970. La Ley general de educación y financiamiento de la reforma educativa (LGE) fue impulsada por José Luis Villar Palasí, ministro de Educación desde 1969.

[4] Cfr. “La Ley general de educación y financiamiento de la reforma educativa de 1970”, disponible en https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro Historia_Ciencia/web/mapa-centros/La%20Ley%20Villar-Palasi%20de%201970.htm, consultado el 21 de mayo de 2015.

La ley disponía de un plazo de diez años para la implantación total. Sin embargo, se redactó un calendario de aplicación de la reforma que aceleraba al máximo su ejecución. Un ejemplo de ello, fue la implantación un mes después, de los cuatro primeros cursos de Educación General Básica, siguiendo un ritmo acelerado el resto del calendario. Ello trajo consigo, en todo el país, problemas financieros y una gran confusión en la marcha de la reforma.

[5] José Navarro, “El Instituto Altair, futura solución docente para varias barriadas obreras”, en El Correo de Andalucía, Sevilla, 17 de enero de 1968.

[6] Cfr. “José María Prieto”, en Dos días en Altair, p. 36.

[7] Cfr. “Altair en cifras”, en Boletín de Altair, nº 1, diciembre de 1975, p. 2.

[8] Recuerdo de Jesús Rodríguez Lizano, 30 de julio de 2015.

[9] “Curso nuevos, caras nuevas”, en Boletín de Altair, nº 1, diciembre de 1975, p. 2.

[10] Recuerdo de Paulino Torres Torres, 6 de julio de 2016.