A nuevas enseñanzas, nueva financiación

Jesús Rodríguez continúa relatando la evolución de la financiación: «Conseguida la clasificación y autorización administrativa, solicitamos las subvenciones para las nuevas enseñanzas de FP2 (de Electricidad y de Química). Nos la fueron otorgando curso a curso conforme íbamos creciendo. Sin embargo cuando estábamos en el curso de 5º de FP se ampliaron muy pocas unidades y en un primer acuerdo nos quedábamos fuera. Esto nos lo comunicaron más allá de la mitad del curso académico: no obstante el director general de la Junta, que me conocía como representante sindical de USO, me dijo que si lograba un acuerdo con la patronal (CECE) y con los sindicatos (estábamos representados USO, UGT, CCOO y FSIE) podría rehacerse el acuerdo. Los centros percibirían un porcentaje (en concreto el 87% del costo), pero se ampliaría el número de unidades subvencionadas al total de las que habían solicitado la subvención en ese curso; y logramos que tanto la CECE como tres sindicatos (CCOO no aceptó el tema) firmaran la petición de ampliación» [1].

Manuel Guillén, gerente en los primeros años  de Altair.

Manuel Guillén, gerente de Altair, en una entrevista publicada en la prensa diaria sobre las subvenciones a los centros no estatales, manifestaba que las subvenciones no cubrían los costes reales. Por lo que, aun siendo Altair un centro subvencionado al cien por cien, esto no implicaba que estuvieran cubiertos totalmente los gastos del puesto escolar. Guillén desvelaba más detenidamente el problema explicando cómo la denominación del cien por cien es conflictiva: «los padres entienden que los centros así denominados están subvencionados totalmente. Pero esto no es así, la subvención no cubre el coste real» [2]. El Ministerio de Educación y Ciencia venía llamando centros subvencionados al cien por cien a aquellos que tienen una ayuda de acuerdo a unos máximos establecidos por el propio Ministerio, máximos a los que se podía acceder hasta en un cien por cien, pero que en cualquier caso, aun llamándose así, no se correspondía con el costo real de la enseñanza. El Gerente apostillaba: «Con cifras más concretas, este año la subvención al cien por cien es de algo más de veinte mil pesetas por alumno. Pero sabemos que el coste real, es muy superior a esa cifra; está por encima de las treinta y cinco mil pesetas llegando en algunos casos a alcanzar la cifra de las cuarenta mil pesetas» [3].

            Por eso la calificación era engañosa. Efectivamente, el Ministerio había publicado unas cifras, en cuyo cálculo no consideraban costes tan importantes como dirección, administración, limpieza, amortización, equipamientos y otros. Costes que en el caso de los centros públicos de EGB estaban cubiertos por los ayuntamientos, propietarios de las instalaciones; o por otras partidas del Ministerio de Educación en los centros de bachillerato o FP. Estos gastos en los centros privados subvencionados venían a sufragarse por las cuotas supletorias; o en el caso de Altair especialmente por el Patronato. Y concluye Manuel Guillén: «En el caso de Altair, planteado desde el primer momento como una iniciativa de promoción social, las enseñanzas siempre han resultado deficitarias, por lo que hemos salido adelante, hasta ahora, gracias a la ayuda económica que el Patronato de Altair ha prestado» [4].

La figura del Concierto Educativo nació como tal en 1985, con la Ley orgánica reguladora del derecho a la educación, conocida como LODE. Al cabo de dos años, Altair se acogió a este modelo y pasó a ser centro concertado en todos los niveles de enseñanza. El acuerdo sobre subvenciones a las antiguas secciones filiales de bachillerato reconocía la labor social llevada a cabo a lo largo de dos décadas en toda España. Efectivamente, este reconocimiento permitió que fueran concertados los niveles de bachillerato, algo insólito, pues estrictamente esto no lo contemplaba la LODE para los otros centros de bachillerato.

Jesús Rodríguez deja constancia de que «estos años fueron muy intensos porque tuvimos que superar muchos obstáculos para que nos dieran las clasificaciones administrativas y las subvenciones. De este modo, aunque sabíamos las dificultades que íbamos a seguir soportando a causa de las incomprensiones, teníamos, al menos por un tiempo, consolidadas todas las enseñanzas tanto por autorización administrativa definitiva para impartirlas (EGB, BUP, COU y FP1 de Automoción, Química y Electricidad y FP2 de Química y Electricidad) como con los conciertos correspondientes. Cuando se implanta la LOGSE, pocos cursos después, sólo hubo que ajustarse a los nuevos niveles educativos (primaria, secundaria‑bachillerato y ciclos de grado medio y superior) pero con todas las unidades concertadas. –Añade Jesús Rodríguez–: En esos años palpamos la ayuda de nuestro Padre [san Josemaría] para consolidar todo. Estuvimos encomendando a nuestro Padre y la reunión del acuerdo se alcanzó el 26 de junio [aniversario del fallecimiento y luego fiesta litúrgica de san Josemaría]. In extremis, nuestro Padre nos había alcanzado el acuerdo. Fue todo providencial. Con el transcurso de los años, otros directivos tuvieron que luchar lo indecible para continuar siendo centros concertados» [5].

[1] Recuerdo de Jesús Rodríguez Lizano, 30 de julio de 2015.

[2] Manuel Capelo, “Las subvenciones al cien por cien no cubren los costes reales”, en El Correo de Andalucía, 21 de junio de 1978.

[3] Manuel Guillén, “Las subvenciones al cien por cien no cubren los costes reales”, en Boletín de Altair, nº 14, enero de 1979, p. 13.

[4] Manuel Capelo, “Las subvenciones al cien por cien no cubren los costes reales”, en El Correo de Andalucía, 21 de junio de 1978.

[5] Recuerdo de Jesús Rodríguez Lizano, 30 de julio de 2015.

 

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